Convivencia educativa: de la teoría a la práctica

Florencia Mingo, directora ejecutiva Impulso Docente, en Voces del diario La Tercera.

Hace algunos días, el Ministerio de Educación publicó una nueva Política Nacional de Convivencia Educativa que fija los ejes 2024-2030. Ésta se construyó en base a un proceso de consulta de 40 grupos focales distribuidos en ocho regiones del país, que centraron el diálogo en cinco dimensiones: ética, formativa, gestión de convivencia, modos de convivir y contextos de aprendizaje.

Algunos de los puntos que se proponen son que el sentido ético es transversal a todas estas dimensiones y también la necesidad de promover una convivencia educativa basada en la reflexión de prácticas pedagógicas y procesos de gestión para el cuidado colectivo y la inclusión.

Ante lo propuesto surge la pregunta: ¿es esto lo que necesitan los colegios hoy, cuando atraviesan una crisis de violencia de proporciones históricas?

Si bien es cierto que todo esfuerzo por aunar criterios hay que celebrarlo, sobre todo cuando se dejan de lado las diferencias político-ideológicas, no podemos obviar el complejo escenario actual que solo vuelve a estar sobre la mesa cuando, a través de la prensa, nos enteramos de una noticia dolorosa.

Con el fin de aportar con ideas más concretas, que nacen de nuestro trabajo en terreno con comunidades educativas que están permanentemente desafiadas, desde Impulso Docente sugerimos algunas ideas concretas para facilitar la comprensión, uso y aplicación de esta nueva política.

  1. Establecer alianzas con organizaciones de la sociedad civil que pueden ayudar en la implementación de la política. El plan propone doce cartillas temáticas como recursos educativos, pero estas dependen netamente del interés y de la coordinación de las mismas comunidades educativas para llevarlas a la acción. Una propuesta que podría facilitar su uso sería crear alianzas con organizaciones de la sociedad civil cuyos objetivos se alinean con los contenidos propuestos en las cartillas para facilitar su uso y eventual mejora.
  2. Desarrollar un sistema de acompañamiento donde las comunidades educativas pueden reportar acciones y buenas prácticas alineadas a esta política para visibilizar y reconocer aquellos que están haciendo esfuerzos por implementar.
  3. Articularse con la Superintendencia de Educación y la Subsecretaría de la Niñez para mapear zonas geográficas y establecimientos educacionales que requieran de una gestión individual o focalizada para la resolución de conflictos según la gravedad de los hechos ocurridos
  4. Activar un comité de convivencia que lidere esfuerzos de coordinación e implementación al interior de los establecimientos educacionales, jardines infantiles y salas cunas. Idealmente compuesto por representantes del equipo directivo, docentes, centro de padres y apoderados, estudiantes, inspectores, auxiliares y otros profesionales que son afines a esta temática a diario.

Sin duda es importante hacer el esfuerzo de actualizar una política pública tan sensible como esta y consultar a la comunidad en el proceso. Pero también es fundamental hacer esfuerzos multisectoriales para que lo propuesto no se quede solo en el papel y cobre vida en el territorio. Nuestros niños y niñas lo necesitan, porque sin ambientes propicios, no hay aprendizajes. El tiempo apremia.